La Constitución venezolana prohíbe al Ejecutivo, y al resto de poderes públicos, establecer una medida que restrinja el paso de los ciudadanos al territorio nacional. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro lo ha hecho.
Los venezolanos en el extranjero, cuyo pasaporte está vencido, deben tramitar un salvoconducto o documento de viaje provisional para viajar a su país. Desde el 25 de septiembre, el Gobierno exige a las aerolíneas y agencias de viaje verificar su autenticidad. Argumenta que ha habido falsificaciones del documento.
La exigencia transgrede, por lo menos, los artículos 2, 3, 19, 21 y 50 de la carta magna, coincidieron en señalar la abogada constitucionalista Vestalia Tovar y el abogado internacionalista Simón Gómez, consultados por El Pitazo el 2 de octubre.
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