El último pleno del año termina con desencanto para el gobierno de Pedro Sánchez. No han conseguido mantener el impuesto a las energéticas por la alineación de PP, Junts, PNV y Vox tal y como habían amenazado.
Lo que sí ha salido adelante es la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia al levantar por mayoría absoluta el veto que aprobó el PP en el Senado y una vez que Podemos ha retirado su amenaza de tumbarla. Finalmente han dado su voto a cambio de dejar en suspenso la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que consideraban podría agilizar los desahucios.
En concreto, esta norma introduce dos líneas de actuación, una reforma organizativa para favorecer la especialización y mejorar la gestión de recursos con la creación de Tribunales de Instancia y la creación de Oficinas de Justicia en los Municipios.
Y otra procesal, para agilizar la carga de juzgados y tribunales que incluye los llamados medios alternativos de solución de controversias (MASC) en vía no jurisdiccional en los ámbitos civil y mercantil, como la mediación y el arbitraje para tratar de evitar la sobrecarga de juzgados y tribunales.
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