La reforma judicial en México, impulsada por el expresidente López Obrador, introduce cambios significativos en la elección de jueces mediante voto popular, buscando democratizar el sistema judicial. Si bien esta medida se presenta como un esfuerzo por acercar la justicia a la ciudadanía y reducir la influencia de elites, genera preocupaciones sobre su impacto en la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial. La posibilidad de una justicia politizada, sujeta a intereses populares y de corto plazo, plantea dudas sobre la capacidad de los jueces para actuar sin presiones externas. La reforma, aún pendiente de revisión constitucional, podría establecer un importante precedente sobre la relación entre participación ciudadana y la independencia de las instituciones judiciales en México.
