Emitido el 20 de Febrero de 2018. Cuando la persona que administra los recursos gasta más de lo que la autoridad electoral permita paga una pena entre 4 a 8 años.Quien esté enterado de esta conducta deberá denunciarlo ante la Fiscalía General, si quien incurre en este delito es un funcionario la denuncia se hace ante la Procuraduría.

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