El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, informó hoy que mañana la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes y el Senado presentarán ante la Asamblea Legislativa una Resolución de Presupuesto para el próximo año fiscal 2022-2023 que garantiza las pensiones a los retirados de Gobierno actuales y futuros, el pago de la deuda estructurada y la promoción de Puerto Rico como destino de inversión.
“El presupuesto que hemos elaborado cuenta con los fondos para comenzar a hacerle justicia salarial a los servidores públicos; reclutar policías, bomberos y vigilantes de recursos naturales; invertir en la educación; mejorar los servicios de salud física y mental; seguir luchando contra la violencia de género; y combatir la pobreza. Las revisiones que le ha hecho la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) a nuestro presupuesto no afectaron la mayoría de las iniciativas que le presentamos desde febrero”, dijo Pierluisi.
En febrero pasado el gobernador presentó a la JSAF un presupuesto consolidado de $28,785 millones para el próximo año fiscal. Sin embargo, y a pesar de que las proyecciones del Gobierno apuntan a que los recaudos superarán los estimados de la Junta, el ente fiscal insiste en reducir los gastos del Gobierno por $100 millones.
“Para darte el gobierno de excelencia que tú y los tuyos quieren, tenemos que invertir aún más en nuestros servidores públicos, proveyéndoles salarios justos desde el principio del año fiscal, con particular atención a trabajadores sociales, oficiales de corrección, bomberos, paramédicos y personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, es momento de detener los recortes a los municipios, pues necesitamos que tengan los recursos para dar servicios esenciales y manejar los proyectos de reconstrucción. No vamos a claudicar en nuestra lucha”, reiteró el primer ejecutivo.
Pierluisi adelantó que someterá enmiendas responsables al Plan Fiscal Certificado y presentará ante la JSAF una certificación del Departamento de Hacienda que comprueba que los ingresos al fisco sobrepasarán los estimados y justifican el modesto incremento en el gasto público. “Después de todo, los fondos del pueblo son para el pueblo, no para acumularlos en las cuentas del Gobierno”, señaló.
Otro punto vital que Pierluisi cuestionó a la JSAF es por qué a pesar de que el Estado propuso una reducción significativa de contratos en el rango de servicios profesionales para obtener ahorros y así financiar los amentos salariales, la Junta se rehúsa a darle paso. “¿Quién puede oponerse a eliminar contratos en el Gobierno?”, preguntó Pierluisi al ente federal que también denegó fondos para programas como la Oficina de Enlace con la Comunidad Sorda y la Oficina de Protección y Defensa de Impedidos, ambos productos de leyes estatales, entre otros programas que requieren aumentos limitados para servirle bien la ciudadanía.
Ante todo, esto, Pierluisi hizo un llamado a los legisladores de todas las delegaciones para defender a los servidores públicos, a los municipios y a la población con necesidades especiales porque dijo que, “estas causas las compartimos todos”.
