El cartel inmobiliario, un grupo delincuencial que operó durante más de 12 años, entre el 2009 y el 2018, estuvo vinculado a los gobiernos locales del PAN en Benito Juárez.
Durante el gobierno de Miguel Ángel Macera se modificó la norma 26 en aras de facilitar la vivienda de interés social, pero resultó un negocio redondo para los alcaldes panistas, quienes autorizaron la construcción de complejos a cambio de departamentos con un valor de hasta 10 millones de pesos, sumado a una sobredemanda del agua y el drenaje.
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