La barrida del Poder Judicial ordenada por Rosario Murillo ha provocado más de 900 despedidos a nivel nacional, incluyendo magistrados de la Corte, magistrados de apelaciones, directores de áreas, jueces y secretarios en instancias centrales y locales, así como personal administrativo y de servicios en todos los departamentos del país.
En un poder del Estado que tiene aproximadamente 9,000 empleados, la barrida ha cancelado las plazas de trabajo al 10% del personal, sin otorgarles una carta de despido y su correspondientes liquidación, pasivo laboral, y fondo de pensiones.
La barrida de la Corte Suprema de Justicia inició el pasado 25 de octubre, con el golpe policial ejecutado por el comisionado general Horacio Rocha contra la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos.
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