En medio de un caso que ha generado gran controversia en el país, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, enfrenta una medida de aseguramiento impuesta por el juzgado tercero penal municipal con función de control de garantías en Bogotá. Esta decisión se dio como parte de la investigación por supuesta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sin embargo, Ortiz no solo niega las acusaciones en su contra, sino que asegura ser víctima de un complot orquestado desde la Presidencia, señalando a una figura poderosa dentro del gobierno como la responsable de su situación actual.
Gustavo petro
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