El Tribunal Supremo ha iniciado una investigación contra el Fiscal General del Estado por su presunta implicación en la filtración de información confidencial relacionada con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Según las acusaciones, el Fiscal habría revelado datos sensibles que afectaban a una investigación en curso, lo que ha desatado una tormenta política y judicial. Este caso pone en el centro del debate la imparcialidad de las instituciones judiciales y las posibles implicaciones legales para uno de los cargos más importantes dentro del sistema de justicia en España. Mientras se desarrollan las investigaciones, la controversia sigue creciendo, con implicaciones que podrían sacudir los cimientos del sistema político y judicial del país.
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