El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó por unanimidad de votos, la multa de 190 millones de pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) al partido político Morena por la constitución del fideicomiso "Por los Demás", para ayudar a los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Esto, tras concluir que la autoridad no pudo demostrar que se utilizaron recursos públicos, ni un financiamiento paralelo al partido.
La Sala Superior concluyó que no existen indicios sobre el uso del financiamiento público del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ni de recursos partidistas para apoyar a los afectados del sismo, que demostraran el fin político y electoral que el INE acusó en la actuación de Morena.
Los magistrados de la Sala Superior cuestionaron a la Unidad Técnica de Fiscalización INE por no realizar una investigación exhaustiva.
Asimismo, por presentar indicios insuficientes e inexactos, violar la garantía de audiencia de los integrantes del Fideicomiso y precipitar los resultados de la investigación, por lo que revocaron la resolución del INE de manera lisa y llana.
En la sentencia señalan que el INE debió realizar una investigación integral del caso, para delimitar las líneas de investigación y acreditar responsabilidades sobre los fines del Fideicomiso “Por los demás”.
Del mismo modo, cuantificar las aportaciones de entes privados e identificar a las personas que realizaron y recibieron las aportaciones en efectivo.
De acuerdo con el magistrado Felipe Fuentes Barrera, "no se trata de un carpetazo al asunto", pero el INE ya desplegó al máximo sus facultades de investigación y por ello, la decisión de revocar la multa.
En tanto, la magistrada Mónica Soto, señaló que el vínculo entre Morena y el fideicomiso no quedó acreditado más allá de una duda razonable y el INE no probó si Morena se benefició del Fideicomiso "Por los Demás", sino que solo mostró indicios insuficientes para concluir que recursos privados trascendieron al ámbito político-electoral.
Finalmente, el magistrado José Luis Vargas, expresó que no se trata de permitir que los partidos políticos generen financiamiento paralelo, pero la autoridad tiene obligación de probar, acreditar y fundarlo conforme a la ley.
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