Entre 2015 y 2016, la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República, FGR) echó a andar la maquinaria de la que dispone, no para dar con los perpetradores de la masacre de 196 personas en San Fernando, Tamaulipas (2011), ni para investigar las graves violaciones cometidas en ese caso, sino para perseguir a las víctimas, a quien las representaba, a una perita independiente y a una periodista.
