La acusación judicial contra monseñor Rolando Álvarez, por los supuestos delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”, generó una ola de indignación y rechazo entre organismos de derechos humanos, líderes católicos y representantes de la comunidad internacional
El obispo auxiliar de Managua en el exilio, Silvio José Baéz, calificó como un crimen de la dictadura la acusación. “Ultrajándolo, se condenan a sí mismos”, escribió Báez en su cuenta de Twitter.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, calificó como “impactante” la imagen del líder religioso, aunque aseguró que monseñor “nos ha dado una muestra de fortaleza” y “ha quedado en evidencia que no lo pudieron doblegar”.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, calificó el hecho como un “acto cínico de un Estado totalitario”.
Después de 116 días secuestrado bajo “casa por cárcel” de facto, la dictadura presentó al obispo con evidente pérdida de peso.
En la misma causa judicial fue acusado el sacerdote Uriel Vallejos, de la Diócesis de Matagalpa que ahora está en el exilio, contra quien la dictadura giró una orden de captura a la interpol.
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