El éxodo venezolano ha perdido relevancia en el debate público de Colombia, pero los números siguen al alza. Más de 7 millones de personas han salido del país vecino en sucesivas oleadas, empujadas por la crisis política, social y económica. Aunque se han dispersado por todo el continente, Colombia es por mucho el principal destino de esa diáspora, con una política de acogida a la vanguardia de América Latina. Las cifras más recientes –con corte al pasado octubre– muestran que 2,9 millones de venezolanos ha cruzado páramos y montañas, en autobús, a pie o haciendo autoestop, para afincarse en busca de oportunidades en las ciudades colombianas. En otras palabras, más del 5% de los habitantes de Colombia son migrantes venezolanos recientes, la mayoría con vocación de permanencia. De ellos, 615.000 viven en Bogotá, la fría capital a más de 500 kilómetros de la frontera. El acento se escucha en cada esquina.
Hay tantas historias como migrantes. En febrero de 2021, el Gobierno de Iván Duque lanzó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), con una vigencia de 10 años, con el que se proponía regularizarlos a todos. Para entonces, cerca de un millón estaban indocumentados —habían entrado por las trochas, como se conocen los pasos informales, o excedido los términos del permiso concedido en un primer momento—. Se trata, a muy grandes rasgos, de un plan para integrarlos y permitirles acceder a trabajo formal, educación y salud. Una puerta a la oferta de servicios del Estado. A dos años de ese hito, EL PAÍS ha revisitado a un grupo de migrantes al que consultó entonces.
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