Un segundo informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario del caso Púnica incide en la presunta comisión por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de una conducta prevaricadora como "directa partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.
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