Cuando en 2016 se regularizó el cannabis medicinal en Colombia mediante la Ley 1787, varios ministros y expertos aterrizaron en Corinto, en el departamento del Cauca, para vender el cultivo como una posibilidad para mejorar la vida de cientos de familias. Entre los campesinos que buscaron aprovecharla estaba Artemio Salazar, un indígena caucano con medio siglo de vida a sus espaldas y quien desde entonces lidera, junto a otras personas, la apuesta en su región por entrar en ese sector económico. Cinco años después ve que la promesa sigue en veremos para los pequeños y medianos productores como él.
“Es un tema que, entre comillas, lo acapararon las grandes, las grandes empresas, las grandes sociedades y prácticamente los pequeños cultivadores nos quedamos ahí sin esa posibilidad de acceder”, dice Salazar.
De entrada, según Luis Felipe Cruz, investigador de DeJusticia, un centro de investigación que lleva varios años trabajando sobre política de drogas, el cultivo enfrenta los problemas de cualquier proyecto en la ruralidad colombiana: inseguridad, falta de vías, apoyo técnico, crédito. Y suma unos propios.
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