Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con funcionarios de la Agencia Tributaria, dirigida por la Fiscalía Europea, han desarticulado un presunto fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania con la detención de 30 personas. El total del fraude del IVA en España supera los 17 millones de euros. La operación se ha desarrollado en trece provincias españolas – Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León- y en Alemania, donde residía el líder de la organización. Desde allí operaba y daba las directrices. Además, utilizaba documentación falsa para eludir la acción de la justicia, ya que le constaba una reclamación judicial para su ingreso en prisión así como otras 18 requisitorias judiciales por encontrarse investigado en diversas causas relativas a tráfico de estupefacientes y fraude fiscal, entre otros delitos. Fue detenido e ingresado en prisión en Alemania, a la espera de ser extraditado a España.
En el marco de esta investigación se han realizado en Alemania dos entradas y registros -en el domicilio particular del líder y en una empresa de compraventa de vehículos controlada por éste-, así como 15 registros en España -siete en domicilios de los principales líderes en nuestro país y en ocho empresas de compraventa de vehículos de lujo-. Se han bloqueado numerosas viviendas de lujo adquiridas con fondos del negocio criminal valoradas en más de 11.000.000 de euros, así como números vehículos de alta gama. Asimismo, en los registros se han intervenido 307.860 euros en efectivo, numerosas joyas y relojes de lujo. También se han bloqueado numerosos productos financieros –en España, Alemania, Portugal y Lituania- pertenecientes a las empresas que formaban todo el conglomerado empresarial necesario para cometer los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La cúpula de la organización operaba desde Alemania y se encargaba de suministrar los vehículos a diferentes empresas de compraventa de vehículos situadas en España. Estos vehículos eran distribuidos a través de dos ramas del entramado, encargadas de transportar y entregar los mismos en la zona del Levante, por un lado, y en Andalucía, concretamente en Córdoba y la Costa del Sol. Finalmente, una tercera rama del grupo se encargaba de crear todo el entramado empresarial necesario para llevar a cabo el fraude fiscal así como el blanqueo de capitales.
El modus operandi consistía en introducir los vehículos utilizando empresas
denominadas “missing trader”, las cuales incumplían la obligación de ingreso de IVA en la Hacienda española. De este modo, los vehículos eran vendidos a un precio inferior al de mercado. Estas empresas acumularon una deuda tributaria superior a 17 millones de euros. La organización criminal se valía para sus objetivos de personas necesitadas de especial protección a las cuales, a cambio de alojamiento en diversos pisos francos de la organización criminal, utilizarían para hacerlos figurar como administradores y socios de las empresas de la trama.
