El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó hoy que la designación de jueces en el norte del país, para afrontar las causas judiciales contra el narcotráfico, es "una facultad del Consejo de la Magistratura, que hace más de un año que no nombra jueces".
"Los jueces del norte argentino reclamaron cobertura de cargos judiciales y más personal, y esa es claramente facultad del Poder Judicial. Los jueces son nombrados por el Consejo de la Magistratura que desde hace un año y un mes no aprueba ternas; así es imposible nombrar jueces", dijo Alak.
Así lo afirmó en declaraciones a la prensa en la puerta del Palacio San Martín, donde inauguró junto al canciller Héctor Timerman la "Primera Reunión Binacional de Ministros y Primera Reunión de gobernadores de la Frontera Común de Argentina y Paraguay".
Alak precisó que en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán "hay 33 cargos del servicio de justicia, de los cuales 13 no están habilitados". Y sobre el pedido de los camaristas del norte del país para que haya mayores recursos tecnológicos para combatir el narcotráfico, Alak dijo que "debe ser provista por el Poder Judicial que ha incrementado de forma muy importante su presupuesto desde el 2003".
Por su parte, el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, aseguró que el gobierno ha crecido en la asignación de recursos para la Seguridad, y en particular para la lucha contra el narcotráfico, acompañando el crecimiento que ha tenido este delito en los últimos años en la región y en la Argentina.
Agregó que "nadie puede minimizar el crecimiento de la presión sobre la actividad de los narcotraficantes, que cada vez es más grande en la región, y en Argentina". Por eso, Puricelli señaló que la lucha contra el narcotráfico "requiere de un esfuerzo conjunto y no decir que la responsabilidad es del gobierno y que el gobierno no hizo nada".
En este marco, Puricelli recordó que entre las medidas tomadas por el gobierno en materia de seguridad se cuentan "el incremento de la asignación de recursos de 2.961 millones de pesos en el 2003 a 25.900 en el 2013, y el aumento de efectivos de gendarmería de 18.000 en el 2001 a 34.500 en 2013, lo que representa un 90 por ciento más".
Puricelli también recordó que el gobierno retomó la política de radarización luego de 40 años de paralización, ya que el último radar lo había comprado Perón en el año 74.
"La política de radarización de este gobierno ha sido la única exitosa de los últimos años. Se reclaman más radares y nadie analiza el punto de partida, que es que el último radar lo compró Perón en el 74", aseveró.
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