La amnistía planteada agrega incertidumbre a la legislatura de Pedro Sánchez, a pesar de que le asegure una permanencia prolongada en la Moncloa. Aunque aprobada por el Congreso, la ley aún no ha sido sancionada por el Rey Felipe VI ni publicada en el BOE. Por lo tanto, no ha entrado en vigor, y los jueces españoles no pueden llevar el asunto a Luxemburgo para una cuestión prejudicial. Esto podría retrasarse varios meses, especialmente dado que las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina. Durante la campaña electoral, Sánchez preferiría evitar que se debata sobre la impunidad otorgada a terroristas y golpistas. Europa se ha abstenido de pronunciarse sobre la ley debido a la falta de aprobación y conocimiento del texto. Esto señala una crisis en la democracia española, con una ley que favorece la corrupción política y socava la independencia judicial. La situación de Puigdemont permanece sin cambios, sin poder regresar a España sin ser arrestado. La lealtad parlamentaria de Sánchez se tambalea, ya que ahora debe negociar con ocho partidos diferentes, lo que aumenta su dependencia de la voluntad de un solo individuo y desafía los principios democráticos.

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