El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Organización de Estados Americanos (OEA), documenta la responsabilidad de la "violencia estatal" en la masacre de abril y mayo. Después de los ataques paramilitares en Masaya y la UNAN, los obispos y sacerdotes llegan a frenar una masacre.
