El Pleno del Tribunal Constitucional ha advertido a un total de 21 altos cargos, entre ellos Artur Mas y Carme Forcadell, de que pueden incurrir en responsabilidad penal si incumplen la suspensión decretada. El Gobierno ha expresado su satisfacción por la decisión del TC y considera que la rapidez de esa decisión demuestra la fortaleza de las instituciones.
