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En las últimas horas se conoció una decisión del Consejo de Estado, que obliga tanto a la Fiscalía General de la Nación, como a la Rama Judicial y a la Nación a pedir perdón por la privación de la libertad de 11 personas quienes habían sido vinculadas con la masacre de la Chinita en el Urabá antioqueño hace más de 20 años.
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