Para cumplir con este criterio la municipalidad debe ofrecer a la población la información que le permita tomar decisiones sobre cómo va a ser su servicio de agua bajo su responsabilidad. Esta información debe ofrecerse de forma fácil, actualizada y a través de distintos canales, a un coste que no suponga un obstáculo, ser clara en cuanto a las consecuencias que implica y ser entendible por toda la población, en su idioma y sin necesidad de tener conocimientos técnicos.
Esta información debe incluir, por ejemplo, cómo las tecnologías a usar o el diseño de los proyectos afectarán a su nivel de acceso o servicio, la repercusión en su coste (tanto puntuales como recurrentes), su sostenibilidad a largo plazo o el impacto que tendrán en el medioambiente.
La población también tiene derecho a conocer la calidad del agua que consume para tomar las medidas a su alcance (potabilización doméstica, adquisición de agua embotellada, etc.) como medida provisional mientras se buscan soluciones sostenibles.
También es importante ofrecer información detallada del coste del servicio ya que, cuando las personas conocen las tarifas que se aplican a los distintos tramos de consumo y los planes de ayuda existentes, pueden tomar decisiones sobre las cantidades de agua que consumen.
Tenga en cuenta que, para poder participar y tomar decisiones bien fundamentadas, todas las personas deben saber a quién solicitar o dónde consultar la información. Y también que, con frecuencia las personas y grupos de población desfavorecidas y marginadas quedan excluidas de la toma de decisiones en relación a su acceso al agua por no disponer de suficiente información.
