Más allá de coordinar y fiscalizar las políticas inherentes a la promoción del trabajo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene como atribución esencial la de entender en todo lo relativo a la aplicación de los regímenes y contratos de trabajo, ya se trate del sector público como de la actividad privada, y es el organismo donde todo ciudadano que necesite consultar sobre su situación de trabajo, puede asistir para recibir el asesoramiento correspondiente.
Con relación a este rol, Gutiérrez admitió que por lo general “toda la atención se la llevan las paritarias estatales y la realidad es que tenemos intervención en más cuestiones privadas que las que tratamos en el sector público”.
“El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no sólo trabaja a nivel provincial sino que también tiene acuerdos con la Nación para entender en conflictos que por estar en nuestra jurisdicción nos afectan porque, en definitiva, nuestra intención es que no hay conflictos laborales en jurisdicción santacruceña” expresó y mencionó que a principio de año, cuando todos los ministerios le presentaron al gobernador Claudio Vidal el plan de trabajo “nosotros hicimos centro en la necesidad de organizarnos para estar adelante de los problemas”.
A modo de ejemplo, comentó sobre la intervención que está teniendo la cartera laboral en materia portuaria, donde están colaborando en el ordenamiento sindical de los puertos de Santa Cruz. En ese sentido, reveló que “hace poquito firmamos las paritarias en Puerto Deseado y esta semana que cerró se estuvo desarrollando una audiencia en Caleta Olivia, donde estamos generando un acuerdo que no tiene todavía rango de convenio colectivo, pero sí es un formato de trabajo que van a tener los estibadores que están en plena organización de su sindicato.”
En tanto, con relación a Puerto Deseado sostuvo “hemos acordado en paritarias con los trabajadores portuarios, guincheros, apuntadores y estibadores, que son los que hacen la descarga de los buques cuando llegan a la unidad portuaria”.
A las acciones que se están llevando adelante en las estaciones portuaria, el ministro Gutiérrez hizo mención de los inconvenientes laborales que surgieron apenas iniciada la administración de Claudio Vidal y que estuvieron relacionados con la decisión del Gobierno Nacional de no apoyar la continuidad de las represas sobre el río Santa Cruz y el Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT).
De esta manera, volvió a remarcar que “cualquier conflicto que tengamos en la Provincia, sea nacional, estatal, municipal, provincial o privado, siempre que se desarrolle en Santa Cruz, nosotros lo abordamos”.
Otra problemática importante, que se hizo evidente apenas asumidas las nuevas autoridades, estuvo relacionada con el despido de trescientos trabajadores que prestaban servicio en el Estado Provincial a través de la Cooperativa Macro.
El titular de la cartera laboral hizo un resumen de las gestiones llevadas adelante y empezó rememorando que la firma “da inicio a una debacle poniendo en marcha una serie de situaciones indeseables por decisión de empresarios que son delincuentes y los califico de esa manera porque infringieron la ley, entre otras cosas, pagándole la mitad del sueldo a la gente”.
“Para cobrar sus facturas –siguió- que decían que eran de 800 millones de pesos, mandaron a la gente a Casa de Gobierno, diciéndole que los iba a echar y fue entonces que el Gobernador decidió atenderlos. Yo acompañé a Claudio Vidal y les dijimos que sus trabajos estaban garantizados y que íbamos a hacer una acción conjunta para que eso continúe así”.
El funcionario señaló que dentro de la investigación “descubrimos que no solo los querían despedir, sino que les venían pagando la mitad del sueldo hace mucho tiempo e hicimos todo lo necesario para que los trabajadores iniciaran el reclamo con lo que logramos generar un derecho que no tenían”
“Descubrimos que un trabajador de Macro que se desempeñaba para el Estado cobraba el 50 % menos que otro que trabajaba para un supermercado. Así los venían estafando, laboralmente, hace un montón de años” reiteró, mientras insistió en que “nosotros logramos que esa gente tenga un derecho y aparte de todo eso, con el dinero que se le debía a Macro, empezamos a pagar nosotros, por cuenta y orden, la indemnización que le correspondía a cada persona”.
Tras aclarar que Macro “empezó a generar instancias judiciales para no pagar” puntualizó que “se decidió que la gente iba a pasar a una cooperativa y en todo este tiempo se están liquidando las indemnizaciones”.
Por ese motivo, indicó que “hay que decirle a la gente que gracias al derecho que le hemos generado con la sentencia administrativa, tienen dos posibilidades para canalizar los reclamos y ahora tiene dos años por delante para ejecutar su derecho”.
“Si algún trabajador ex-Macro cree o percibe que fue violentado su derecho, lo puede reclamar y se puede acercar a la oficina del Ministerio de Trabajo para asesorarse” apuntó.
