El régimen de Daniel Ortega profundizará la vigilancia que ya existe sobre el envío y recepción de remesas, y las transferencias bancarias en Nicaragua, con las reformas aprobadas a la Ley 977 o Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
La ley original, en el artículo 24 autorizaba a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, a pedir información "sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas y de servicios de remesas". Sin embargo, este fue reformado y ahora esta institución será el órgano que "establecerá normativas para la obtención de la información", pero será hasta que los aprueben que se conocerán los criterios que usarán.
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