La titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa con residencia en Nuevo León concedió una nueva suspensión en contra de la Reforma Judicial.
Lo anterior al considerar que de entrar en vigor dicha reforma, se causaría daños irreversibles no solo a las personas juzgadoras sino a la sociedad en general, al cancelar la posibilidad de contar con tribunales independientes e imparciales.
En la suspensión destaca que no deberá aplicarse a los quejosos la reforma impugnada; el Senado no debe emitir la convocatoria para integrar las listas de candidatos a juzgadores, el Consejo de la Judicatura no debe entregar las listas de los posibles jueces y magistrados a renovar.
Advierte que ninguna autoridad podrá remover de sus funciones o cargos a las personas juzgadoras, tampoco se pueden afectar sus remuneraciones, tampoco pueden reducir o retener las pensiones complementarias, tampoco se deberán extinguir los fideicomisos y todas las autoridades deberán abstenerse de aplicar los efectos y consecuencias de la reforma impugnada.
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