La diputada Elena Tapia Fonllem aseguró que "en nuestro país las organizaciones sindicales tradicionalmente están acostumbradas a conducirse en la opacidad", por lo que esta iniciativa es muy pertinente y "contribuiría a la construcción de la vida democrática de México que las organizaciones sindicales entren en este esquema de transparencia y rendición de cuentas".
Recordó que "recientemente en la discusión en la reforma de Trabajo y Previsión Social proponíamos y defendíamos la idea de que los sindicatos tienen que transparentar no sólo lo relacionado a sus bienes económicos, sino que también tienen que incluir en sus prácticas cotidianas el tener la información de sus reglamentos de trabajo, de los contratos colectivos de trabajo para que toda la clase trabajadora esté informada de la situación que guarda esa contratación y esa reglamentación que les rige y puedan, por lo tanto, defender sus derechos. Es decir, no solamente es una cuestión de asunto económico".
Aseguró que "aunque el convenio de Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea la necesidad de defensa de la libertad sindical, el propio Comité de Libertad Sindical de la Organización posibilita la intervención de terceros para poder auditar y conocer el monto de las cuotas sindicales".
Enfatizó que México ha salido mal librado en los últimos estudios de transparencia y corrupción. "Quisiera hacer referencia al estudio internacional recién realizado por la Organización Transparencia Internacional, donde nuestro país ocupa la posición 100 con un índice de 3 puntos, es decir, de los más corruptos. Una corrupción que incluso ha aumentado en los dos últimos gobiernos panistas. Gobiernos, que por cierto, no hicieron nada para transparentar o para ser real la rendición de cuentas y la transparencia dentro de organizaciones como son las organizaciones sindicales", finalizó la diputada por la Cuarta Circunscripción.
Elena Tapia comentó lo anterior durante la presentación que hizo el diputado Fernando Belaunzarán de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que sindicatos, partidos políticos y grupos parlamentarios del Congreso de la Unión sean sujetos obligados de la Ley de Transparencia.
