El decreto antidesahucios podría quedar aprobado el martes en Consejo de Ministros. Introduce una novedad que Unidas Podemos no veía con buenos ojos: se compensará a los grandes propietarios -bancos y fondos de inversión- por el perjuicio que les suponga frenar el desahucio.
Los servicios sociales deberán acreditar que quienes están en el inmueble son personas en situación de vulnerabilidad y en el plazo de tres meses ofrecerles una alternativa de vivienda digna, no un albergue, por ejemplo.
De no ser así, los propietarios de la vivienda, pequeños y grandes, podrán pedir a la administración que les abone una parte sustancial del alquiler que el inquilino no puede pagar y al que no podrán desahuciar hasta que acabe el estado de alarma.
Solo seguirá adelante el desahucio si la vivienda ha sido 'okupada' con violencia o se usa para actividades ilícitas.
No exento de polémica entre lo socios de Gobierno, el decreto no incluye otro de los puntos de fricción: la garantía del suministro de servicios básicos. La prohibición de cortar la electricidad, el gas y el agua
