Audiencia pública: Justicia e impunidad en México

163 Periodo Extraordinario de Sesiones en Lima
Jueves 6 de julio de 2017

Durante la audiencia sobre justicia e impunidad en México, las organizaciones de sociedad civil denunciaron que el sistema de justicia mexicano se caracteriza por los alarmantes niveles de corrupción e impunidad. Las organizaciones informaron que el enclave de la impunidad es la falta de investigación y sanción de crímenes atroces como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución arbitraria. Además, señalaron que las investigaciones frecuentemente incluyen diligencias ineficientes, intrascendentes, o tardías por lo que las evidencias esenciales se pierden, además de que no transversalizan la perspectiva de género ni un enfoque diferenciado y que a ello se suma la carencia de servicios periciales independientes. Asimismo, denunciaron que el Estado mexicano es incapaz de investigar y sancionar los graves crímenes que ha cometido en el pasado. Destacaron que para hacer frente a esta problemática, es necesario un poder judicial autónomo e independiente de los poderes políticos. Las organizaciones solicitaron a la CIDH que se sume a la firma de un acuerdo de cooperación para la consolidación de un consejo asesor contra la impunidad que debería ser firmado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el Estado de México, en un formato que permita la participación más amplia posible de la sociedad civil.

Por su parte, el Estado de México reconoció que se enfrenta a un reto significativo para hacer realidad el pleno disfrute de los derechos humanos en materia de procuración y administración de justicia. Los representantes del Estado señalaron que México ha emprendido reformas estructurales sin precedentes para implementar un modelo jurídico competitivo frente a los enormes retos de violencia y las organizaciones criminales y que para ello se han tenido en cuenta los procesos de reforma de justicia en países como Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. En relación a las graves violaciones a los derechos humanos, los representantes del Estado señalaron que en materia de protección a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, se acordó un plan de fortalecimiento que incluye un mapeo de zonas de riesgo, la creación de unidades estatales de protección para realización de acciones estratégicas en coordinación con el mecanismo federal y la elaboración de un protocolo nacional para la protección de personas defensoras.

La Comisión destacó positivamente el reconocimiento por parte del Estado de México de los retos que enfrenta en materia de justicia. Asimismo, cuestionó a la delegación del Estado sobre la posibilidad de nombrar a un grupo de expertos y expertas en el campo de los derechos humanos y del combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país, manifestando la voluntad de la CIDH en contribuir en la ejecución de esta recomendación. La Comisión también reiteró que el Estado de México debe combatir la impunidad en todos los niveles de gobierno.

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