Juristas y economistas consultados por CONFIDENCIAL aseguran que la decisión del régimen de pasar el Sistema Nacional de Registros, Sinare, al control de la Procuraduría General de la República aumenta la inseguridad jurídica para cualquier propietario en Nicaragua, al dejar sueltas las manos de los funcionarios del régimen que deseen quedarse con cualquier propiedad que no les pertenezca, o asignársela a quien se les ordene asignarla.
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