En el año 2017 el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos donó a Colombia 45 billones de pesos para la implementación del acuerdo de paz y 7 billones para la reconstrucción de Mocoa. Sin embargo, detrás de estos supuestos regalos se escondía la venta de la mina de Sotonorte a la multinacional Minesa para extraer oro y cobre.

Pero hay más, en noviembre de 2017 los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y Colombia firmaron un convenio para evitar la doble tributación, lo que exime a la multinacional Minesa del pago de impuesto a la renta por la extracción de oro, cobre y platino. Un convenio que este año fue aprobado en primer debate en el senado de la república.

De aprobarse la explotación en el Páramo de Santurbán Minesa también tendría beneficios tributarios en utilidades, dividendos y regalías y a pesar que la multinacional argumenta que este proyecto generará una inversión de 1.200 millones de dólares en Colombia, sus ganancias ascenderían a 13.000 millones de dólares por extraer 9 millones de onzas de oro.

Con lo que no contaba la Multinacional Minesa del grupo Mubadala de los Emiratos Árabes Unidos, es que la comunidad opondría resistencia a este proyecto por los daños ambientales para la región. Por eso, Minesa empezó a adelantar convenios con diferentes sectores académicos, entidades públicas, medios de comunicación y políticos para conseguir la aprobación de la licencia ambiental.

El presidente Iván Duque designó a Alberto Carrasquilla como ministro ad hoc para emitir un concepto ante el consejo consultivo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dentro del proceso de licenciamiento del proyecto de explotación de oro que promueve Minesa. Paradójicamente, el ministro Carrasquilla presentó ante el congreso de la república un proyecto para otorgar exenciones tributarias a la multinacional Minesa. Lo que configura un claro conflicto de intereses.

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