Ana Galdámez Morales
Universidad de Sevilla
Las libertades de expresión e información son piedra angular de la democracia. Se garantizan en todas las constituciones democráticas, así como en numerosos textos internacionales , en términos muy similares. La explicación es sencilla: la información constituye la base del proceso de formación de la opinión pública y de la toma de decisión de los electores. Sin información suficiente sobre el funcionamiento de los asuntos públicos, no es posible ejercer un adecuado control sobre su gestión. Por tanto, el momento de acudir a votar carecería de fundamento: decae la presunción de que los ciudadanos actúan conforme a una decisión adoptada contando con todos los elementos de juicio. Desde 2016 se viene hablando sobre la amenaza de la posverdad y su efecto sobre la legitimidad de las instituciones y los procesos electorales. Sin embargo, en el actual contexto de pandemia a escala global han aparecido nuevos riesgos vinculados a otros bienes jurídicos colectivos, como la salud pública o el normal funcionamiento de las instituciones, que pueden verse afectados por la desinformación.
Son nuevas amenazas que, en cualquier caso, no puede conducirnos al escenario de imposición de una verdad oficial que no tendría ninguna posibilidad de acomodo constitucional. ¿Qué es la verdad?, ¿podemos afirmar que algo es rotundamente cierto? Probablemente sólo sea posible en el caso de ciertas afirmaciones empíricas que admiten demostración; para el resto, la verdad sigue perteneciendo al relativismo y a la esfera de interpretación individual. Lo que sí podemos determinar es que algo es erróneo, falso o intencionadamente falso. Aquellos contenidos que han sido creados fraudulentamente con el propósito de engañar o manipular constituyen una injerencia en nuestro derecho fundamental a recibir información veraz; un derecho que debe ser reinterpretado en estos tiempos de pandemia y posverdad. "
