La noche de este martes 3 de agosto la candidata a la vicepresidencia de la Alianza Ciudadanos por la Libertad Berenice Quezada fue puesta bajo retención domiciliar y restricción migratoria e inhibida de optar a un cargo público de elección popular, por indicaciones de autoridades judiciales, del Ministerio Público y de la Policía denunció el partido Ciudadanos por la Libertad en sus redes.
El hecho ocurrió tan solo un día después de que la Alianza CxL inscribiera ante el Consejo Supremo Electoral a su fórmula presidencial, integrada por el ganadero, excomandante de la contrarrevolución y vicepresidente de ese partido, Óscar Sobalvarro, y Quezada, Miss Nicaragua 2017, una figura nueva en política, con trayectoria en reinados de belleza, modelaje y mercadeo.
Ese mismo día el Frente Sandinista inscribió a la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo como candidatos a la presidencia y la vicepresidencia, para consolidar su proyecto dinástico familiar en el poder.
Al salir de la inscripción, Quezada abogó por la liberación de los presos políticos y llamó a la ciudadanía a votar masivamente, tal como salió en abril de 2018 a protestar durante la rebelión que demandaba la salida del poder del régimen de Ortega y de Murillo.
Eso provocó que, al día siguiente, simpatizantes sandinistas pidieran su inhibición, según ellos, por hacer apología del delito de terrorismo, como la narrativa oficial califica las protestas ciudadanas de ese entonces. Horas más tarde, Quezada fue acusada formalmente por el poder judicial controlado por el régimen, por supuestamente fomentar al odio y la violencia. El Ministerio Público solicitó que Quezada lleve el proceso judicial en libertad.
El caso de Quezada se une y forma parte del patrón de eliminación de la competencia política por parte de la dictadura, que ha encarcelado en dos meses a 31 nuevos presos políticos incluyendo a siete precandidatos presidenciales, dirigentes opositores, periodistas, empresarios y defensores de derechos humanos.
La inhibición y acusación de Quezada solo evidencian, una vez más, el temor del régimen a cualquier nicaragüense que abogue por un cambio en el país, así como la desfachatez de una dictadura que no tiene nada que perder ni nada que ganar.
Ortega y Murillo saben que no tienen credibilidad que perder, pues están aislados y la comunidad internacional los conoce como un régimen autoritario, violador de derechos humanos, que fomenta la violencia y la impunidad, y que no cree en la democracia. Dentro del país no tienen votos que ganar para la elección de noviembre, solo una base de fanáticos y seguidores radicalizados, mientras al resto de la población le infunden temor y desesperanza al viciar el proceso electoral y eliminar la competencia política.
Pero esas tácticas represivas del régimen no son parte de una estrategia a largo plazo, más bien demuestran que solo tiene la represión y la violencia como medio para perpetuarse en el poder.
Nicaragua necesita un proyecto de nación basado en la paz, el respeto a los derechos de toda la ciudadanía, en la justicia y la democracia, donde ya no existan presos políticos ni inhibiciones contra ciudadanos por expresar su opinión, sus ansias de cambio y su descontento. El país necesita de la unidad de todos los sectores que quieren ese cambio para que presionen, junto con la comunidad internacional, por una salida pacífica a la crisis, a través de un mecanismo que permita a los nicaragüenses decidir sobre su futuro.
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