🔍 La Fiscalía Defiende a Begoña Gómez: ¿Protección Profesional o Tráfico de Influencias? 💼⚖️
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La Fiscalía ha sostenido una defensa vigorosa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las acusaciones de tráfico de influencias. El Ministerio Público argumenta que Gómez firmaba documentos en calidad de profesional, en su rol de codirectora de un Máster de la Universidad Complutense de Madrid, y no como "la esposa del presidente del Gobierno". En un escrito fechado el 25 de abril, la Fiscalía subraya que, aunque Gómez es la esposa del presidente, no hay indicios en la denuncia que demuestren que se haya prevalido de esa circunstancia para beneficiarse en los negocios investigados.
El fiscal ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, intentando desestimar la denuncia por considerar que no se han sometido los hechos a un escrutinio riguroso. Argumenta que no hay evidencia de que Gómez haya usado su relación con Sánchez para influir en decisiones de funcionarios públicos.
Esta defensa por parte del Ministerio Público se dio en un contexto político delicado, ya que el 24 de abril, Pedro Sánchez anunció la suspensión de su continuidad al frente del Gobierno. Ese mismo día, se notificó a Gómez que había sido declarada investigada por el juez Peinado en una causa por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La rápida respuesta de la Fiscalía se produjo mientras el abogado y exministro Antonio Camacho se personaba como defensor de Gómez.
La causa, a la que tuvo acceso el periódico El Mundo, revela que la investigación judicial a Gómez se veía venir desde al menos dos semanas antes, cuando Manos Limpias presentó una denuncia el 9 de abril. Ese mismo día, Gómez otorgó poderes a Antonio Camacho para representarla legalmente.
La Fiscalía Europea también ha mostrado interés en el caso, solicitando documentación sobre los contratos adjudicados a la UTE Innova Next SLU y Escuela de Negocios The Valley, en los cuales Gómez habría tenido alguna participación. Esta solicitud busca determinar si se emplearon fondos de la UE en estos contratos, lo que podría justificar su competencia para investigar. Entre los contratos en cuestión, destaca uno adjudicado por Red.es para la formación de jóvenes en economía digital, valorado en 4,4 millones de euros, IVA incluido.
En resumen, la Fiscalía española defiende que Begoña Gómez actuaba como una profesional en sus actividades documentadas, mientras que la Fiscalía Europea investiga la posible implicación de fondos comunitarios en los contratos relacionados con ella.
