En 2003 Pro Vida recibió 30 mdp para la formación de 12 Centros de Ayuda para la Mujer y grupos de izquierda se lanzaron contra dicha organización y su titular, Jorge Serrano Limón, por lo que levantaron cinco juicios por desvío de dinero, una demanda civil y una multa de la función pública. A la fecha sigue el proceso civil.
