La negativa del Tribunal de Cuentas a aceptar los avales del Institut Català de Finances (ICF) no ha sorprendido a la mayoría de encausados por la acción exterior llevada a cabo por los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont entre el 2011 y el 2017, antes del 1-O. Pero no por esperada la decisión ha dejado de causar un profundo sentimiento de malestar e indignación entre ellos, que ahora de entrada tendrán que responder con sus bienes personales, pero que al mismo tiempo presentarán los recursos correspondientes. Cosa que hará también el propio Govern.
Fuente: ACN
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