El Gobierno de Canarias, encabezado por Fernando Clavijo, ha decidido endurecer su postura frente a la crisis migratoria que desborda las islas, especialmente en la atención a los menores no acompañados. Con más de 25.000 migrantes llegados en lo que va de año, la situación ha llevado a Clavijo a exigir que el Estado asuma su competencia en la tutela de estos menores, mientras las ONG se ven desbordadas.
Canarias enfrenta una situación límite. En las últimas dos semanas, han llegado 3.200 migrantes al archipiélago, saturando los ya colapsados recursos de acogida. Solo en agosto, 561 menores no acompañados desembarcaron en las islas, lo que ha llevado al Gobierno canario a tomar medidas drásticas para evitar que la situación se salga aún más de control.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que la custodia de estos menores es competencia del Estado, no de la comunidad autónoma, y ha pedido a las ONG que no acepten más menores sin autorización previa. “Estamos hablando de niños y de una situación que el Gobierno de Canarias lleva denunciando desde hace más de un año”, señaló Clavijo, quien insistió en que el Estado debe cumplir los protocolos establecidos para la identificación y custodia de los menores.
Esta decisión marca un punto de inflexión tras un incidente ocurrido en El Hierro, donde una ONG se negó a acoger a más menores por falta de plazas, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía. Clavijo ha subrayado la necesidad de un “gran acuerdo político” y ha pedido a las autoridades nacionales y europeas que no dejen a Canarias en soledad ante esta emergencia humanitaria.
El Ejecutivo canario ha renovado la declaración de emergencia migratoria, lo que le permite tomar decisiones más rápidas en la gestión de la crisis. Sin embargo, la situación ha provocado un debate político. Mientras que todos los partidos apoyan la necesidad de proteger a los trabajadores de las ONG y garantizar el bienestar de los menores, algunos advierten sobre el riesgo de una confrontación legal con el Estado.
En el contexto nacional, España sigue siendo un destino crucial para la inmigración, con un 16% de su población nacida fuera del país. La presión migratoria sobre Canarias refleja un desafío más amplio que requiere de una respuesta coordinada a nivel estatal y europeo para evitar que la situación siga escalando.
La crisis migratoria en Canarias continúa, y la respuesta del Gobierno regional pone de manifiesto la urgencia de un enfoque integral que proteja los derechos de los menores migrantes y alivie la carga que soporta el archipiélago. Mientras tanto, Canarias espera con urgencia que el Estado y Europa asuman su responsabilidad en esta crisis humanitaria.
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