Un proyecto de reforma constitucional que circula en el Consejo Económico Social busca crear un parteaguas entre la política y la justicia.

El documento incluye propuestas para limitar la entrada de militantes partidarios como jueces de las altas cortes.

Ese es un tema importante que tenemos en agenda como sociedad y que de manera circular asoma en el debate de la opinión pública.

Pienso, sin embargo, que es necesario abordar este fenómeno con amplitud de miras.

¿Por qué planteo esto?

La histórica captura de la justicia -que por cierto muestra avances sin precedentes- no es solo de parte de políticos.

Si vamos a establecer limitaciones en la Carta Magna para alejar las altas cortes de los intereses partidarios, sencillamente nos quedaremos cortos.

Otros poderes también tratan de cooptar a la justicia y son mucho más peligrosos que los políticos.

En otras palabras, no debemos obsesionarnos con la idea de que tendremos una mejor justicia  en la medida en que la alejemos de los intereses políticos.

Hay que separarla también del corporativismo, las tendencias religiosas, de las estructuras militares y hasta de la misma sociedad civil organizada.

Al final, lo más importante de todo es que los magistrados sean probos, idóneos, responsables, comprometidos, justos, respetuosos de las leyes y del debido proceso.

Ese debe ser el norte al seguir al seleccionar a los jueces. Lo demás pueden ser movimientos cosméticos que nada aportan.

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