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9 de octubre de 2013. Congreso de los Diputados. Tres activistas de Femen irrumpen en la sesión para protestar contra el proyecto de reforma de la ley del aborto vigente en España desde 2010.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quiere hacerla más restrictiva en un país en el que se practican cada año 120.000 abortos, la media más alta de Europa.
La mayoría de la población se dice en contra de la polémica reforma, según un sondeo del periódico El País.
Para la plataforma "Decidir nos hace libres", a la que pertenecen 250 organizaciones de la sociedad civil, el proyecto de Gallardón sume en la inseguridad jurídica a la mayoría de las mujeres que abortan.
"Lo que está sucediendo en este país es que con la ley que tenemos los problemas han disminuído, explica Isabel Serrano, portavoz. Las mujeres están accediendo al aborto de una manera más segura para su salud, más igualitaria, porque en todos las comunidades autónomas existe la posibilidad de que el Estado financie los abortos. No hay mayor número de abortos, el incremento ha sido muy pequeñito. Cuando algo está funcionando de una manera normalizada creemos que no hay razones ni jurídicas ni sanitarias ni sociales para cambiar la ley actual".
La ley actual permite el aborto sin justificación hasta las 14 semanas y hasta las 22 en caso de riesgo grave para la vida o la salud de la madre o el feto.
La mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se practican en clínicas privadas. Las intervenciones son cubiertas por la Seguridad Social.
El proyecto de ley de Gallardón prevé volver al modelo de supuestos, es decir, en caso de violación, malformación del feto o riesgo para la madre, vigente hasta 2010, aunque con modificaciones.
Un paso atrás, asegura el Director de la Clínica Dator, la primera acreditada en España para practicar abortos.
"Por vez primera en muchos años la mujer volverá a estar tutelada por un médico o un juez, que son siempre personas extrañas, ajenas totalmente a sus convicciones, a sus sentimientos más íntimos, a sus creencias, es decir, es una ley que aniquila totalmente la voluntad de la mujer, explica Diego Fernández Alvárez. Inevitablemente va a generar dos realidades sociales en este país, añade. La mujer que tenga medios económicos irá al extranjero donde tendrá una interrupción del embarazo con todo tipo de garantías legales y garantías sanitarias. La mujer que no tenga esos medios económicos deberá someterse a un aborto clandestino sin garantías sanitarias ni legales".
Olga se ocupa de la relación con los pacientes.
Ella misma abortó en los años 80, solo un año después de la aprobación de la primera ley que autorizaba el aborto en España en caso de violación, malformación del feto o peligro físico o psíquico para la madre.
"Con la información que tenía y todas las dudas que me generaba el qué va a pasar con la intervención, voy a tener una complicación, qué estoy haciendo, voy a ser detenida, se va a enterar todo el mundo, se me va a notar en la cara que salgo de hacerme una interrupción de embarazo... Una vez que finalizó la intervención lo que sentí fue un tremendo alivio", asegura.
Si la legalización acabó con los tabúes, el miedo a la estigmatización no ha desaparecido.
En otra clínica, una joven de 15 años y su madre han aceptado hablar con nosotros de manera anónima.
La autorización de los padres o tutores legales es necesaria para las menores de 16 que quieran abortar.
Nada ni nadie podrá hacer cambiar de opinión a esta joven.
"Yo lo tengo claro, dice. Porque todavía soy muy joven para tener un hijo. No es fácil pero tampoco lo veo un problema".
"A mí me cuesta muchísimo que mi hija aborte, asegura la madre, pero veo que tiene una edad en la que no quiere ser madre ni está en edad de ser madre. Así que la voy a apoyar tome la decisión que tome".
La libre determinación de las mujeres a disponer de su cuerpo, menores o mayores de edad, es algo inaceptable para la pareja que visitamos ahora, miembros del Foro de la Familia y padres de siete niños.
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