El Estado mexicano, através de funcionarios del gobierno federal, emprendió su defensa de la Reforma Judicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sostuvo que hubo un amplio debate previo, que se cumplió con todo el proceso legislativo por amplio consenso y que no se afectará a los trabajadores.
En una audiencia temática en la sede de la CIDH, en Washington, José Antonio Montero Solano, director general de consulta y estudios constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, enfatizó que la reforma era necesaria y que ya es una realidad.
"La reforma en materia de Poder Judicial en México es un gran paso en al democratización de uno de los poderes públicos fundamentales: el Poder al que le corresponde impartir justicia. Esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia".
"Toda vez que los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, (...) y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y de los estados", añadió.
Montero Solano acusó que la actuación de los juzgadores contra la reforma judicial les involucra en un conflicto de interés y “hasta ahora no hay violación a derechos humanos, hasta ahora son especulaciones, todo se habla en un futuro incierto”.
"La reforma judicial ya es una realidad en México", sentenció durante la audiencia.
