La futura tasa de basuras, obligatoria en toda España tras una transposición del Gobierno de Pedro Sánchez, inquieta ya a ayuntamientos de distinto signo. Las administraciones locales deben implantar antes de abril de 2025 el nuevo tributo para sufragar los gastos derivados de la gestión de residuos, pero de momento todo son dudas y en los consistorios cunde cierta inquietud por la factura política de la medida en el ecuador de la legislatura.
