En 2014, elementos militares ejecutaron arbitrariamente a entre 12 y 15 personas ya rendidas en Tlatlaya, Estado de México.
Las versiones oficiales sostuvieron que todas las muertes se dieron por el enfrentamiento.
Las testigos y sobrevivientes fueron torturadas para que no dijeran lo que vieron, pero una de ellas reveló la verdad a la prensa.
Tras el escándalo internacional y las pruebas de la verdad, las autoridades prometieron justicia.
Un año después, se reveló la existencia de una ilegal orden para los elementos militares de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Tres años después no hay verdad ni justicia por la falta de acción de la PGR, a pesar de que se probó que hubo ejecuciones arbitrarias y alteración de la escena del crimen.
No hay ningún responsable en la cárcel.
No se está investigando a la cadena de mando.
Si Tlatlaya no se resuelve, sólo se anuncia mayor impunidad.
