El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una serie de medidas para tratar de recuperar los 70 mil millones del anticipo dado a la unión temporal.
Entre ellas está el embargo de los bienes de Centros Poblados por el billonario contrato que pretendía llevar internet a las escuelas de todo el país. Además, pidió rastrear cuentas e investigar a particulares.
La orden es perentoria: la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, entre otros órganos de control y búsqueda, deben tomar medidas urgentes y de fondo con el objetivo de encontrar los 70 mil millones de pesos que generaron el escándalo con el MinTic y que llevó a renunciar a Karen Abudinen.
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