En un giro sorprendente de los acontecimientos, el Partido Popular ha presentado una querella contra el Partido Socialista, alegando presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. A medida que surgen más detalles sobre bolsas de dinero en efectivo en la sede del PSOE, Borja Sémper, portavoz del PP, advierte que la situación solo se intensificará con nuevas informaciones. Por su parte, la ministra María Jesús Montero defiende que estas acusaciones carecen de fundamento y son un intento del PP por judicializar la política. En un contexto más amplio, el Gobierno busca mejorar los derechos laborales, incluyendo un aumento en el permiso de paternidad y maternidad. ¿Estamos ante un nuevo capítulo de tensión política en España?

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