La defensoría pública es un servicio obligatorio que deben prestar las autoridades locales y federales para que los mexicanos tengamos acceso a la justicia. Está escrito en la Constitución que como ciudadanos, tenemos el derecho a contar con un abogado público o privado de calidad para que nos defienda y nos asesore ante cualquier conflicto judicial en todas las materias. A través del efectivo acceso a la justicia y la defensa adecuada, nuestros derechos humanos deben ser protegidos y garantizados.
