El pasado jueves 18 de marzo se cumplió un año desde que en Nicaragua el Ministerio de Salud detectó el primer caso de contagio positivo del nuevo coronavirus.
A partir de ese momento, en vez se implementar las medidas de prevención y protección recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, la dictadura ejecutó un gigantesco operativo de negación de la pandemia.
El régimen minimizó la gravedad de la amenaza para la salud humana y para los trabajadores de la salud, y hasta lo bautizaron como un virus importado.
Luego se impuso el reforzamiento de la censura, la centralización de las pruebas de covid-19 en el Ministerio de Salud, y la negación total del acceso a la información pública. A tal grado que Nicaragua es el único país en el mundo en el que nunca se ha brindado un informe sobre el numero de pruebas de covid-19 que ha realizado el Minsa, y cuál es el porcentaje de contagios positivos.
Pero, además, en una gravísima violación a la ética profesional, el Ministerio de Salud impuso a los médicos en los hospitales la orden de no registrar a los pacientes afectados por la covid-19, y atribuirles otras enfermedades.
Por desafiar esa prohibición y por brindar información y promover medidas de protección para el personal de salud, decenas de médicos y especialistas con varias décadas de experiencia, fueron despedidos por el Estado-Partido del Minsa en los hospitales públicos.
Y para agravar aún más las consecuencias de esta política deliberada de negligencia, la vicepresidenta Rosario Murillo convocó a los partidarios del FSLN y a los empleados públicos a la marcha del amor en tiempos de covid, iniciando una serie de eventos de aglomeraciones masivas, sin ninguna clase de protección.
A diferencia de otros países de la región y del mundo, el régimen Ortega Murillo se rehusó a promover políticas públicas de confinamiento o distanciamiento social, para evitar que una reducción de la actividad económica hiciera caer aun mas la recaudación de impuestos, de la que depende el pago de la planilla del Estado y la Policía.
En el momento más grave de la pandemia, cuando decenas de personas morían cada día y se multiplicaban los entierros exprés, a Ortega y Murillo lo único que les preocupaba era controlar los recursos económicos para financiar la represión y el estado policial.
Nunca les importaron las vidas humanas, ni siquiera las de sus propios partidarios con tal de mantener los recursos para controlar el poder, y así murieron varios centenares de sandinistas, entre ellos altos funcionarios, ministros, asesores presidenciales y embajadores, diputados del FSLN, alcaldes, y secretarios políticos.
Como resultado de esta política de negación, negligencia, y propagación de la covid-19, en Nicaragua se produjo una verdadera tragedia humanitaria, que el régimen ha intentado ocultar.
Según el Minsa, en Nicaragua únicamente fallecieron 176 personas por covid-19, con lo cual seríamos el milagro de Centroamérica, con una de las tasas de letalidad más bajas del mundo. Pero ni la OPS ni la OMS, que al inicio de la pandemia actuaron con complacencia ante el Gobierno, han avalado la mentira oficial.
La verdad es que de acuerdo al exceso de personas que fallecieron por neumonía, infarto, diabetes e hipertensión, en comparación con el promedio histórico de los últimos 15 años, según datos oficiales que fueron analizados por los salubristas del Comité Científico Multidisciplinario, en Nicaragua murieron mas de 9000 personas por la covid 19, durante estos primeros doce meses de pandemia.
Cada uno de estos 9000 muertos, significa mucho mas que una cifra o una estadística, representan una historia de vida y dolor para su familia, y también hay decenas de médicos y trabajadores de la salud, que nunca debieron haber muerto, si se hubieran tomado las medidas de protección.
El presidente Daniel Ortega, la cogobernante Rosario Murillo, las tres ministras de salud, Sonia Castro, Marta Reyes, y Carolina Davila, y el superministro de salud, Gustavo Porras, son corresponsables de esta política de negligencia y propagación, y por lo tanto deberían rendirle cuentas al país por sus consecuencias.
Pero solamente en la Nicaragua pos Ortega en democracia, después de salir de la dictadura, se podrá restablecer la verdad.
El paìs necesitará una Comisión de la Verdad y una Fiscalía Especial no solo para investigar los Crímenes de lesa humanidad y los actos de corrupción pública, sino también la tragedia de la covid-19 que está asociada a la negligencia oficial durante la pandemia.
Mientras tanto, los nicaragüenses tenemos la obligación de no olvidar y de documentar las historias de las víctimas que demandan que se conozca la verdad.
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