La formalización del alcalde Jadue se da a partir de una investigación que apunta a la compra y venta de insumos para enfrentar el covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que era encabezada por el jefe comunal.
En esa línea, la instancia judicial inició el pasado miércoles, donde la Fiscalía Centro Norte lo acusó, entre otras cosas, de destinar $200 millones fiscales para pagar deudas de la Achifarp, pedir beneficios económicos a cambio de concretar el negocio a Best Quality y aparentar capacidad económica teniendo a su beneficio mercancía relacionada a la pandemia, avaluada en $1.384 millones.
En concreto, al alcalde de Recoleta se le imputan los delitos de administración desleal, cohecho, fraude al fisco, administración municipal, de ocultación de bienes y estafa. Por lo que el ente persecutor solicitó la prisión preventiva.
