Se ha detenido a 3 personas e investigado a otras 7 en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Castilla y León
Se han esclarecido 15 estafas en las provincias de Toledo, Albacete y Cuenca por valor total de 300.000 euros
La organización adquiría de forma fraudulenta datos personales de terceros, duplicaban tarjetas SIM de los dispositivos móviles, conseguían las claves de seguridad de los bancos, y sustraían dinero realizando transferencias fraudulentas a otras cuentas bancarias
19 de abril de 2023.- La Guardia Civil, en el marco de la operación “Simdolly”, ha detenido a 3 personas e investigado a otras 7 como presuntas pertenecientes a una organización criminal dedicada a cometer 15 estafas telemáticas por un valor de 300.000 mil euros a empresas de las provincias de Toledo, Albacete y Cuenca. Asimismo, se han analizado más de 100 cuentas bancarias.
La operación se inició en noviembre del pasado año, a raíz de la denuncia de un empresario de la provincia de Ávila, en el que comunicaba que había sido víctima de varias estafas bancarias, ya que autor o autores desconocidos le habían sustraído un total de 31.000 euros de su cuenta bancaria a través de diferentes transferencias desde un número de cuenta desconocido.
Continuando con las investigaciones, los agentes detectaron a un grupo de personas en diferentes puntos de España que podrían estar cometiendo este tipo de estafas por todo el territorio nacional. Fruto de ello y de los análisis informáticos se descubrió que se trataba de una organización criminal compuesta por 10 personas, que adquirían de forma fraudulenta datos personales de terceros, duplicaban tarjetas SIM de los dispositivos móviles, conseguían las claves de seguridad de los bancos, y sustraían dinero realizando transferencias fraudulentas a otras cuentas bancarias.
Asimismo, se pudo constatar que los cabecillas de la organización utilizaba a personas vulnerables que se encontraban con dificultades económicas para que abrieran cuentas a su nombre y así poder transferir y extraer el dinero y entregárselo en mano y en efectivo a la organización, a cambio de un préstamo económico que se lo tenían que devolver.
Ya en el mes de febrero, los agentes localizaron a dos de los cabecillas que se encontraban en una vivienda de alquiler vacacional en Valencia capital por lo que se procedió a su detención y a la incautación de varios dispositivos móviles, así como tarjetas SIM y 1.000 euros en efectivo.
Cabe destacar, que durante las detenciones, uno de ellos intentó huir saltando por un balcón desde un tercer piso a un piso inferior y que el otro de los detenidos también intentó huir y, en el momento que fue interceptado agredió a dos guardias civiles ocasionándoles diferentes lesiones graves.
Una vez examinados, los dispositivos móviles y las tarjetas SIM incautadas, se descubrió que los dos detenidos, habían estado extorsionando a unas 90 personas mediante llamadas telefónicas, solicitándoles diferentes cantidades de dinero y si no accedían a dárselo, les amenazaban con agredirles físicamente, haciéndose pasar por personas de Europa del Este.
A principios del mes de marzo, tras localizar al tercer cabecilla, una mujer, se procedió a su detención en Hospitalet de Llobregat.
Posteriormente, los agentes localizaron a las personas utilizadas por la trama para que les entregaran el dinero en efectivo, un total de siete, en las localidades de San Andreu de la Barca, Salou, Ciudad Real y Madrid.
Datos personales de sus víctimas
La organización adquiría los datos personales de sus víctimas de forma fraudulenta. Una vez que tenían acceso a los terminales de sus víctimas, podían ver todas las operaciones que realizan a través de sus móviles ya que conseguían las claves de acceso y de seguridad bancarias de sus víctimas que las entidades emiten a los clientes cuando se ordenan movimientos bancarios online.
Una vez conseguidas esas claves, la organización duplica las tarjetas SIM de los dispositivos móviles de sus víctimas y, como los titulares de las líneas telefónicas se quedaban sin servicio, aprovechan el momento en que sus víctimas no podían utilizar sus dispositivos móviles, para emitir transferencias bancarias y sustraer dinero. Posteriormente, la organización utilizaba a terceros para que sacaran el dinero y se lo entregaran en efectivo en mano.
La operación ha sido desarrollada por el EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila, con el apoyo de la UCO (Unidad Central Operativa), las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona, Tarragona, Ciudad Real y el GRS (Grupo de Reserva y Seguridad) de la Guardia Civil de Valencia.
