A su paso, la crisis económica profundizó las diferencias entre el centro de barrios caros y los suburbios habitados por inmigrantes -primero internos y luego externos-, que en su día acariciaron el sueño de clase media y se sumaron a la sociedad de consumo impulsados por el crédito fácil y que ahora se encuentran al borde de la pobreza.
A sólo 15 minutos en tren desde la emblemática Plaza Cataluña, el corazón de la Barcelona rica y vanguardista, se erige Ciutat Meridiana, un barrio de bloques de edificios que escalan la montaña contra la  Sierra de Collserola, y que sus propios vecinos rebautizaron como "Villa Desahucio".
En esta barriada, perteneciente al emblemático distrito obrero de Nou Barris, cada semana se producen dos o tres desalojos por impago inmobiliario. La situación, consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, se agudizó con las políticas neoliberales de austeridad, que elevaron el desempleo, y con los "parches legales" del derechista Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
"Esto empezó como una cosa minoritaria que luego se extendió. Ha bajado la población -de 17.000 a 11.000 habitantes-; han quedado pisos vacíos, pero también hubo ocupación. Está pasando algo muy grave. Mucha gente cobra ayudas de 450 euros, y no puede ni pagar el alquiler. El drama de fondo es la falta de trabajo", afirma Manuel Cubero, secretario de la Asociación de Vecinos de Ciudad Meridiana.
La historia de Ciutat Meridina explica perfectamente el estallido de la burbuja inmobiliaria, uno de los detonantes de la crisis de España.
"Los bancos hacen malas prácticas, hipotecas cruzadas, se inventan nóminas e incluso utilizan recursos legales como la hipoteca de 'Bienvenida', en las que la gente recibe un 120% de crédito cuando el máximo era 80%. Esto da lugar a que personas sin recursos acaben obteniendo hipotecas de 250.000 euros en un barrio periférico", añade.
Cuando llegó la crisis en 2008, la gente del barrio "se quedó sin trabajo, cobrando una ayuda familiar de 426 euros y con hipotecas de más de 1.000 euros". Así, "se produce un proceso masivo de desahucios. Nos encontramos en 2011 y 2012, que unas 300 familias fueron expropiadas de sus viviendas y podía haber 400 más", remarca.
"Un piso (departamento) en la calle Perafita, la de mayor desahucios, en los años 60 costaba 1.200 euros y en 2005 llegó a valer unos 250.000 euros. Ahora mismo, el que pueda venderlo por 40.000 euros hace un negocio e igual sigue debiendo 180.000", remarca.
En los últimos años, la asociación de vecinos del barrio frenó cientos de desalojos, pero esto no resolvió la situación de los afectados.
"Para un desalojo es desobediencia civil, tiene repercusión mediática, pero sólo se gana tiempo para que se negocie con el banco el tema de la dación en pago -que se cancele la deuda con la entrega de la vivienda- y alquiler social", dice Cubi.
Desde el estallido de la crisis, el drama social de los desahucios por impago inmobiliario fue uno de los factores de movilización de la sociedad española. En medio de un repunte de suicidios motivados por la desesperación social, el gobierno español aprobó la llamada "ley antidesaucios", pero desde que entró en vigor a principios de 2013 el número de desalojos no dejo de crecer, de acuerdo con datos oficiales.
"El balance es lo que preveíamos. La ley que aprobó el PP no sirvió de nada. De 2012 a 2013 no hubo cambios, lo que demuestra que el país sigue viviendo una emergencia habitacional, y la norma solo sirvió para que los bancos ganen tiempo mientras la gente sigue sin solución", afirma Lucía Martín, vocera de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) de Barcelona, el grupo más activo a nivel estatal.  
"Hoy tenemos más capacidad de movilización y presión. Podemos negociar con los bancos. Podemos parar desahucias pero nuestro objetivo es cambiar la Ley", señala Lucía.
La PAH ya presentó una propuesta de ley que fue tumbada por el PP en el Congreso que proponer la paralización de los desahucias por motivos económicos, la creación de un "parque" de vivienda de alquiler social con los departamentos que están en poder de los bancos rescatados por el Estado y la dación en pago retroactiva.
Asimismo, la plataforma consiguió paralizar unos 1.100 desahucios de familias, la mayoría de las cuales fueron "realojadas" en viviendas que son propiedad del Sareb, el banco creado por el Estado para gestionar los activos tóxicos de la banca española.
El panorama sigue siendo adverso en España. Solo en el primer trimestre de este año, los banco "ejecutaron" 32.565 hipotecas - procesos de desalojo iniciados por impago-, lo que supone un 19,5% más que el mismo período del año anterior, un 10,4% más que el último trimestre de 2013, segó la primera estadística sobre este asunto que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España.

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