El Gobierno británico determinó la expulsión de personas de varias nacionalidades al país africano como parte de un plan de disuasión para migrantes indocumentados. El plan, que ya fue autorizado por la Corte Suprema de Reino Unido, considera el pago de 143 millones de dólares a Ruanda para que reciba a quienes sean deportados. El Tribunal Europeo de DD. HH. emitió una orden para detener la expulsión de uno de ellos.
