Las viviendas de obra nueva siguen amontonándose. En el mejor de los casos, ya son cerca de 800.000 las casas que siguen sin poderse vender. La cifra no hace más que engordar, lo que inquieta sobremanera a las inmobiliarias, que han pedido a las administraciones que adquieran estos pisos para realizar política de vivienda. Las ocho primeras autonomías en ponerla en marcha sólo han conseguido comprar 10.764 pisos del mercado libre para convertirlos en vivienda de protección oficial (VPO). Es decir, el 1,4% de las existencias totales. Entre las adquisiciones directas y otras fórmulas para comprar pisos figura Andalucía seguida de Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares. En cuanto a la Comunidad de Madrid está desplegando también esta posibilidad. De momento, ha captado unos 1.700 pisos, pero no para transformarlos en VPO, sino para convenir los precios y asegurar la financiación.
Lo cierto es que esta situación está provocando que más de un millón de españoles, con edades entre 30 y 34 años, sigue viviendo en casa de sus padres. La emancipación residencial de los jóvenes cada vez avanza a pasos más cortos y corre el riesgo de empeorar en los próximos meses, merced a la evolución del mercado laboral, que se ceba con este colectivo. En cualquier caso, este país no se ha caracterizado por facilitar la accesibilidad a la vivienda a los jóvenes, ni aún en los momentos más boyantes. En el horizonte temporal de los últimos veinte años, el mercado de la vivienda en España ha pasado por fases de fuerte expansión y fases de claro estancamiento, cuando no recesión, que han tenido un impacto directo sobre el crecimiento económico del país. El coste de acceso a la vivienda en propiedad ha ido ascendiendo rápidamente hasta alcanzar, en el tercer trimestre de 2008, un importe que equivaldría al 87,6% del salario neto que una persona joven trabajadora y al 54,4% de los ingresos de un hogar joven. Ante este panorama, existe la alternativa del alquiler. Sin embargo, la oferta actual no es tan holgada como la que podía existir veinte años atrás, "ni se distingue precisamente por su óptima accesibilidad económica, ni por su transparencia, ni, en ocasiones, por sus aptas condiciones de habitabilidad".
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